Características del modelo neoliberal

Las políticas macroeconómicas recomendadas por teóricos o ideólogos neoliberales incluyen:

• Políticas monetarias restrictivas: Aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero. Con ello disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación.

• Políticas fiscales restrictivas: Aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta; eliminar regímenes especiales; disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la efectividad del Estado.

• Liberalización: Tanto la liberalización para el comercio como para las inversiones se supone que incentivan tanto el crecimiento como la distribución de la riqueza, al permitir:

1. una participación más amplia de agentes en el mercado (sin monopolios u oligopolios)

2. la generación de economías de escala,

3. el aprovechamiento de ventajas competitivas

el abaratamiento de bienes y servicios (al reducirse costos de transportación y del proteccionismo)

4. el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello (en general aumento de la oferta y la demanda en un contexto de «libre» mercado.).

• Privatización: Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza.

• Desregulación: Se considera que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y que su reducción a un mínimo necesario (sobre todo la garantización del régimen de propiedad y de la seguridad) propician un mayor dinamismo de los agentes económicos.





El Modelo Neoliberal en México (1982-actual)



Para el periodo de 1982-1988, sexenio gobernado por Miguel De La Madrid Hurtado, se comienza con una economía orientada al mercado internacional, ya que se ve como única salida a la recesión y estancamiento de la actividad productiva de nuestro país, etapa caracterizada por hiperinflación (niveles hasta de 3 dígitos), y considerada como una década perdida, producida por una crisis de la deuda externa y del petróleo.



Se inicia una etapa de privatización de las empresas paraestatales, y una política económica que se apega al modelo Neoliberal basado en el libre mercado interno y externo, donde se redujo los aranceles a las importaciones y se eliminaron las barreras arancelarias, México se adhiere al GATT en 1986 (Acuerdo General Sobre Aranceles Y Comercio).

la nueva relación entre el gobierno y el empresario

En la década de los 90´s se firma el TLC (Tratado de Libre Comercio), con Estados Unidos y Canadá, en donde se invita a la inversión extranjera, a invertir en nuestro país, para usarlo como plataforma de exportación hacia nuestros vecinos del norte.

Profundizando aún más en este punto; en febrero de 1991, los presidentes George Bush, Carlos Salinas de Gortari y Brian Mulroney (de EE.UU., México y Canadá respectivamente) anunciaron formalmente que sus gobiernos se preparaban para negociar un histórico acuerdo comercial de libre comercio, que sería un catalizador del crecimiento económico del hemisferio, promovido por el aumento en la inversión, el comercio y el empleo.



Las negociaciones concluyeron formalmente el 11 de agosto de 1992 con la elaboración del documento final (el TLCAN) y este fue suscrito el 17 de diciembre de 1992 por los 3 lideres antes mencionados, entrando en operación el primero de enero de 1994, teniendo como objetivos generales:

“La eliminación de las barreras al comercio.

Fomento a la inversión.

La promoción de la competencia.

La protección de la propiedad intelectual.

Y se pretende aprovechar las potencialidades que brinda la complementariedad económica entre los países miembros para lograr una mayor competitividad internacional, sobre todo ante la Unión Europea y Japón”.

Aún con matices políticos, puede decirse que los últimos 15 años en materia económica en el país estuvieron signados por el 1 a 1 y el traumático fin de la convertibilidad en los albores de 2002.La ola privatizadora y una fuerte llegada de inversiones externas, en un modelo económico de apertura comercial, marcó una década donde el mundo financiero conoció en la Argentina uno de sus alumnos dilectos. Los organismos internacionales y las multinacionales tuvieron un diálogo sin fisuras con el poder menemista. En ese marco, tanto la industria como el campo corrieron con desventaja. Los primeros, no pudieron hacerle frente a llegada masiva de bienes importados, que arrasaron en el país y terminaron por desmantelar lo que quedaba del aparato productivo. Para el campo, el resultado no fue mejor: en 1999 los productores admitían que estaban quebrados debido a los bajos precios de los commodities y a una deuda colosal con los bancos y los proveedores de insumos, superior a los 10 mil millones de pesos. Con la convertibilidad todavía en boga, ni los empresarios locales ni los inversores externos confiaron en el nuevo gobierno, al que vieron de entrada con debilidad y fisuras. El resultado no tardó en llegar y conocido: blindaje, plan de déficit cero, corralito, corralón, indicadores sociales en picada; y el final trágico de un Gobierno que dejó un agrio sabor en la memoria colectiva.



Con un fuerte respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la cautela de la Sociedad Rural Argentina (SRA), desde 2002 el ex presidente Eduardo Duhalde concretó la devaluación y la pesificación. La medida, cuestionada entonces, contó con un respaldo parcial del empresariado, dividido entonces entre grupos afines a la producción nacional y grupos de perfil financiero y de servicios, mayoritariamente controlados por extranjeros. Tras la devaluación, y luego de durísimos meses de trepada del dólar y crisis política, el humor comenzó a mudar progresivamente, acompañado por el crecimiento económico que desde fines de 2002 rompió la peor secuencia de trimestres en recesión de la historia de la economía argentina. Las señales de Duhalde fueron claras: ubicó a José Ignacio de Mendiguren, un hombre de la Industria, en el ministerio de la Producción. Y luego del paso de Remes Lenicov por el Ministrerio de Economía, desembarcó Roberto Lavagna para conducir la salida de la crisis postdevaluación. "En 2002, hay una discontinuidad. El sector público congela tarifas, aplica retenciones al campo, y el Gobierno tiene más peso en las decisiones", opinó el sociólogo e investigador del Conicet Marcos Novaro. El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió el poder con un escenario de alianzas entre el poder político y los empresarios que había sido dibujado durante el gobierno de transición de Duhalde. Kirchner rápidamente ratificó esa alianza y cerró frente con la UIA. La industria creció un 72,1% desde el piso de la crisis, mientras que el promedio de la economía lo hizo en un 48%. Hoy, la industria pregona el paso del crecimiento al desarrollo, controlando el aumento de precios, y generando un marco estable para le llegada de inversiones y un aumento del crédito. Con el campo, pese a un contexto inmejorable, la relación con Kirchner fue tirante. Con los precios de los commodities por el cielo y un tipo de cambio favorable, el repunte del sector explica en parte las arcas llenas de los ganaderos y del Estado, pero la puja por las retenciones y los cuestionamientos al estilo presidencial marcaron –al menos discursivamente- lo que fue un diálogo trunco en estos cuatro años. En cuatro años y medio de gobierno kirchnerista, pese a la bonanza económica, los problemas no faltaron. Con los banqueros existieron reproches y acercamientos constantes. Especialmente al FMI, a quien se le pagó toda la deuda contraída y se vapuleó por sus "recomendaciones" en un pasado cercano.Ahora, las promesa de una "continuidad del cambio" más allá de 2007 implica que no se presenten perspectivas de cambios drásticos, creen los analistas. Los principales factores de poder esperan una línea sin mayores alteraciones, aunque se aguardan correcciones a un modelo que empezó a mostrar síntomas preocupantes por el lado de los precios. "La característica de la economía argentina desde la segunda mitad de siglo XX es que hay sectores muy concentrados de poder con gobiernos muy débiles.

Desconocidas las elecciones de 1951 por el gobierno de Mamerto Urriolagoitia en la que triunfó el Movimiento Nacionalista Revolucionario, la dirección del MNR organizó y ejecutó un golpe de Estado el 9 Abril de 1952, en acuerdo con Antonio Seleme (Ministro de Gobierno), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y otras fuerzas progresistas, que fracasó. Hernán Siles Suazo, que dirigió la conspiración, fue a refugiarse a la Nunciatura una vez que ordenó la rendición del movimiento subversivo. Y el 11 de Abril, admitiendo el fracaso de la conspiración, firmó el “Pacto de Laja” con el Ejército de la oligarquía minero feudal, cuando la revolución había triunfado y destruido al Ejército. (Historia de una Leyenda – Lupe Cajias).

Las reformas constitucionales por el modelo neoliberal

El golpe de Estado, preparado por la dirección nacionalista burguesa (Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles, etc.) del MNR, a la insurgencia revolucionaría triunfante dirigida por Juan Lechin Oquendo, secretario general de la FSTMB, no fue casual ni espontaneo sino el resultado de la acción de una dirección proletaria nacionalista revolucionaria que anteriormente había ganado la confianza del pueblo peleando por mejores condiciones de vida, trabajo, salud, vivienda, derecho a la organización de los sindicatos y la necesidad de constituir un Estado distinto al Semifeudal, propagando esos objetivos la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal, la diversificación y el desarrollo económico, y la industrialización de los recursos naturales que constituían parte de las aspiraciones de las mayorías nacionales.

Los guerra del Chaco (1932 – 1935) y la crisis económica generada a consecuencia de la segunda guerra mundial alimentaron la combatividad de los sindicatos que se expresó en huelgas y movilizaciones que dieron como fruto conquistas como: el derecho a la libre sindicalización y al fuero sindical; las ocho horas de trabajo en la mina de Huanuni primero (1919) y su generalización a todos los sectores laborales en 1926; la ley general del trabajo que reconoció beneficios sociales (Código Busch) a los trabajadores; y otras conquistas alcanzadas, a pesar de la constante persecución de los dirigentes sindicales y políticos, las masacres de obreros (Catavi-1922). Ante el fracaso del golpe de Estado la FSTMB, fundada en Junio de 1944, tuvo la capacidad de organizar y conducir a la población insurgente al triunfo de la revolución de Abril.

La FSTMB una vez que tomó el poder lo cedió a la dirección nacionalista burguesa (Víctor Paz E.) que contuvo e interrumpió el proceso de avance de la revolución nacional aplicando una política pro imperialista que permitió a la burguesía consolidarse como clase social, ligada al capital financiero y a las transnacionales, y en 1985 tomar el poder con el objeto de destruir el Estado Revolucionario y los sindicatos aplicando el modelo neoliberal contenido en el DS 21060 que estableció una superestructura política y jurídica que permanece casi intacta debido a la adecuación que hizo el MAS-IPSP al DS 21060, en la aplicación de su política general y las leyes que se fundamentan en ella (ley de pensiones, de capitalización, de Bancos, tributaria, etc.).

El MAS-IPSP ignora las luchas campesinas, fabriles, militares progresistas, estudiantiles, etc. antes y después de 1952, y la función antiimperialista de los sindicatos razón porque busca supeditarlos a sus intereses con el objeto de sustituir el Estado revolucionario emergente de la insurgencia de Abril por el Estado “plurinacional” de carácter neoliberal indigenista que expresa la decisión de los partidos neoliberales y el MAS-IPSP y no la voluntad del pueblo y su vanguardia constituida por los sindicatos (COD de Oruro, FSTMB, campesinos, etc.) que luchan por efectivizar la voluntad del soberano que decidió abrogación del DS 21060 a objeto de cambiar la estructura jurídica y económica neoliberal, la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del gas, etc.